La Fiscalía de Alcalá de Henares concluye a toda la documentación aportada

“De todo lo expuesto se desprende que el denunciado de modo ilícito percibió cantidades superiores a las que él sabía que le correspondían, puesto que se había debatido y aprobado en pleno, y a pesar de una vez cobradas, tener conocimiento de lo indebido del cobro, no procediendo a su devolución. Tales hechos sin perjuicio de ulterior calificación jurídica serian constitutivos de delito de prevaricación del Art. 404 CP y/o de malversación del Art. 434 CP.”

“Por lo expuesto, y dando por concluida la instrucción, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 773-2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y 5º del Estatuto de Orgánico del Ministerio Fiscal, se acuerda la formulación de denuncia ante el juzgado de Torrejón de Ardoz en orden establecido de los hechos denunciados y las personas responsables, y seguidamente el archivo de las presentes diligencias, debiendo comunicarlo al denunciante.”

El pasado día 2 de marzo, el secretario del Ayuntamiento de Ajalvir entrego en persona, en la fiscalía de Alcalá de Henares, la documentación solicitada al estimar y admitir a trámite la denuncia sobre los cobros indebidos por el exalcalde, D. Antonio Martín Méndez, portavoz del Partido Popular de Ajalvir y candidato a las próximas elecciones del PP en Ajalvir. Los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación artículo 404 del código penal y/o de un delito de malversación de caudales públicos de los artículos 434 y los siguientes.

Los hechos se refieren a la sesión celebrada del pleno del 12 de abril de 2018, el pleno presidido por el entonces alcalde D. Antonio Martin Méndez y su equipo de gobierno, perdona a la empresa Edalo propietaria de los terrenos del sector SR1 317.000€, anulando un convenio de 2005 sin ningún tipo de informe de tasación, técnico, jurídico y vencido el convenio en 2017, año en el que la empresa tenía que haber pagado el total de 937.000€ por la compra del 10% del aprovechamiento del suelo del Sector Residencial SR1 al Ayuntamiento de Ajalvir, se aprueba una reducción a 620.000€ y se perdona a la empresa 317.000€ sin justificación ninguna.

Desde febrero de 2017, cuando cumple el convenio firmado en 2005 (los pagos se fijan 10% a la firma 2005, 30% a la aprobación provisional del Plan Parcial y el 60% a la aprobación definitiva del Plan Parcial e inscripción registral del proyecto de compensación febrero 2017), no hay ni una sola reclamación de la deuda a la empresa Edalo por parte del ayuntamiento, y sorprendentemente en abril de 2018 sin petición de negociación a la baja del convenio por parte de la empresa Edalo, se aprueba la reducción en 317.000€ del convenio firmado en 2005.

LA FISCALÍA DE ALCALÁ DE HENARES YA ESTIMO A TRÁMITE EL PASADO MES DE DICIEMBRE, LA DENUNCIA POR COBROS INDEBIDOS POR EL EXALCALDE D. ANTONIO MARTÍN MÉNDEZ, Y LA DENUNCIA SOBRE LOS CONTENEDORES SOTERRADOS DE BASURA QUE FUERON PAGADOS DOS VECES (MAS DE 600.000€) POR EL EXALCALDE, D. ANTONIO MARTÍN MÉNDEZ Y SU EQUIPO DE GOBIERNO, QUE ESTOS PUDIERAN SER CONSTITUTIVOS DE UN DELITO DE PREVARICACIÓN Y/O DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS.

La fiscalía de Alcalá de Henares estima y admite a trámite la denuncia sobre los cobros indebidos por el exalcalde, D. Antonio Martín Méndez, portavoz del Partido Popular de Ajalvir y candidato a las próximas elecciones del PP en Ajalvir, entre los años 2007 y 2019. Los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación artículo 404 del código penal y/o de un delito de malversación de caudales públicos de los artículos 434 y los siguientes. La denuncia junto a la documentación presentada, tiene como origen el informe de la intervención del Ayuntamiento de Ajalvir, en el que ya apuntaba a la posible ilegalidad de esos cobros.

Este proceso se suma a los hechos que ya están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción, sobre los contenedores soterrados de basura que fueron pagados dos veces por el exalcalde, D. Antonio Martín Méndez y su Equipo de Gobierno, ya que pudieran ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos, gestionados por el anterior Gobierno Municipal (años 2008-2018).